Ya intervino la Comisión de Derechos Humanos del DF. Analiza emitir una recomendación por la construcción de la Supervía no, claro, sobre la obra vial pues no tiene ingerencia, sino para exigir apego a derecho.
Luis González Placencia, presidente del organismo, indicó: “Presumimos la violación a la seguridad jurídica, a las personas, al derecho a la información y también ambientales”, indicó.
La CDHDF ha sido intermediaria entre el gobierno del DF y los vecinos inconformes con la construcción de la Supervía que correrá de avenida de los Poetas a Luis Cabrera, a lo largo de 5.26 kilómetros, porque la historia tiene ya rato. Desde que se anunció el proyecto de supervía ha habido rechazo.La falta de diálogo y respuestas claras por parte del GDF han llevado a los vecinos a organizarse, de ahí el surgimiento del Frente Amplio contra la Supervía Sur-Poniente. Ellos reiteraron su petición de diálogo con el gobierno capitalino, ahora, con la mediación de seis ciudadanos honorables de la sociedad para que la administración capitalina acepte el debate sobre la vialidad de cuota.
Entre ellos, están el periodista Miguel Ángel Granados Chapa; la catedrática de la UNAM, Marcela Lagarde; y el abogado Manuel Fuentes Muñiz.
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El Frente organizó además un sondeo, tiene estudios de por qué es inviable la obra, pero más allá de quién tiene la razón, debe existir el DIÁLOGO.
Y la falta de diálogo se convierte ya en una constante. El fin de semana, Ciudadanos en Red daba cuenta de la poca atención del gobierno central al las delegaciones:
"La integración, el diálogo, la inclusión, no son prácticas que el gobierno central del DF lleve a cabo cotidianamente; mucho menos busca un cambio en la forma en que las delegaciones responden a las demandas de los ciudadanos, los cuales se pueden dar sin que primero se apruebe la reforma política del DF. Voluntad para ceder poder de decisión a las delegaciones es lo que necesita tener el GDF".
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A finales de octubre los mismos vecinos del Frente Amplio en contra de la Supervía repartieron al Gobierno del Distrito Federal y a las jefaturas delegacionales el "decálogo del buen funcionario público" en el que, entre otros puntos destacan el respeto a los derechos de los ciudadanos y a la naturaleza.El diario Reforma daba cuenta del decálogo: el respeto irrestricto a los derechos de los gobernados, entre ellos el derecho a la vivienda y el no a las expropiaciones. El respeto a las especies animales y botánicas particularmente en áreas de valor ambiental y sin supervías, cumplir las promesas de campaña y no responder a intereses económicos, erradicar el mal uso de los programas sociales, no dejar basura política en las calles, respetar a los niños, hombres y mujeres, proteger y salvaguardar el agua, abstenerse de dividir a los vecinos y de amenazar a las comunidades que se organizan.
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